Por: Josías Estepan
La semana pasada el primer ministro Boris Johnson anunció su renuncia del Partido Conservador y del puesto de primer ministro del Reino Unido, esto debido a una serie de acciones que los conservadores y los británicos en general consideraron intolerables, empezando por fiestas clandestinas durante los inicios de la pandemia hasta actos inapropiados de naturaleza sexual dentro de su gabinete. En menos de 24 horas decenas ministros y funcionarios del gobierno de Johnson presentaron su renuncia como forma de protesta, indignación y rechazo a los actos del primer ministro. Boris Johnson anunció su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y a la vez dejará el cargo como Primer ministro del país a partir de octubre del presente año.
En bien sabido que en muchos de los pueblos de Europa es un estándar la cultura de hacer lo correcto, del honor y la vergüenza, cosas que están alejadas de lo que es el comportamiento de la mayor parte de la población latino americana; claro está, no toda Europa tiene altos niveles de educación en valores de modo que vemos grados significativos entre las culturas nórdicas, las anglo-germánicas, los latino europeos y eslavos, incluso coincidiendo muchos de estos países con niveles como los que tenemos en nuestros pueblos latinos.
En República Dominicana, de mismo modo, tuvimos un cese de su posición una figura importante en el gobierno, el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla. Tal decisión fue tomada luego de una serie de sospechas populares que luego se materializaron en una acusación indirecta de parte del ministerio público hacia su persona por medio de las acciones de su hijo. Macarrulla anunció que se tomaba una licencia de su puesto, y no es el primero, una serie de ministros o legisladores han sido desvinculado de sus funciones debido a diversas acusaciones, ya sea de índole de fraude, sospechas de corrupción, acusación sexual, enriquecimiento ilícito o hasta tráfico de drogas, aunque sin duda puede que al pueblo dominicano no le sorprende el alto número de funcionarios o legisladores que caigan en estas prácticas.
En nuestro país, igual que en muchos países pobres del hemisferio sur, ha sobrevivido por cultura que el estado es una forma de autorrealizarse, no solo en términos de reconocimiento personal sino aún mucho más como una herramienta de enriquecimiento rápido, de obtención de numerosos beneficios y de adquisición de poderes. Es cierto que pocas personas aspiran a la administración pública con el fin único o mayoritario de servir al pueblo y de por medio, por lo regular, hay un deseo de ser reconocido, deseo que es legítimo siempre y cuando coincidan con una administración eficiente e íntegra de la cosa pública. Sin embargo, no siempre es así, o mejor dicho pocas veces es así; lo común y hasta natural en sociedades como las nuestras es el beneficio económico en primer lugar como primer motor motivador de emprender un proyecto político, seguido de un cercano segundo lugar de los beneficios de poder que dan las funciones públicas. El interés de reconocimiento queda en un tercer plano y el altruismo y deseo desinteresado por ayudar al pueblo se ven muy a lo lejos.
Los anteriores gobiernos que ha ejercido el control del estado dominicano en lo que vamos de siglo han evidenciado un deterioro sistemático de la institucionalidad y la justicia, han sido objetos de serios cuestionamientos en materia de corrupción hasta el punto que, a pesar de ser un país pequeño, somos reconocidos como el tercer país que mas sobornos recibió de parte de la empresa brasileña Odebrecht, claro está, después del mismo Brasil y la poca democrática Venezuela. No faltaban aquellos que decían que esto “no es Suiza”, en referencia a como se manejan las cosas en el estado y tales manejos son de “vox populi”. Semanal se podían ver los reportajes de periodistas donde revelaban irregularidades importantes en diversas instituciones de la administración pública y sin embargo la respuesta estatal era silencio dejar que el tiempo y la falta de respuesta sepultaran tales reportes en el olvido, confiado el gobierno en que diversas obras (metro, teleférico, 911) tenían garantizado la popularidad del gobierno y su próximo triunfo electoral.
La derrota del pasado gobierno tiene entre sus principales causas el descontento del pueblo con los casos de corrupción y en su lugar una mayoría decidió experimentar con una opción diferente. La actual administración aplicó la política de establecer un ministerio público que no tenga militancia política directa con el gobierno, lo cual ha desencadenado un buen número de casos judiciales del pasado, lo cual no sería de extrañar, pero también sobre el actual gobierno han pesado las acusaciones a diversos ministerios e instituciones de la administración pública las cuales han sido objeto de investigaciones y sometimientos judiciales. Del mismo modo ha habido sospechas de enriquecimiento ilícito previo de ciertos funcionarios, acusaciones sexuales y hasta apresamientos vinculados con el narcotráfico. La respuesta del gobierno en la mayoría de estos casos ha sido correcta hasta cierto punto, incluyendo destituciones, expulsiones, licencias temporales, etc.
Hay que reconocer que República Dominicana tiene actualmente a nivel de estado personas con principios de la moral, el honor y la vergüenza, personas que han llegado a servir al pueblo de forma diferente a la tradicional, pero a la vez cuenta con numerosas personalidades que todavía piensan en la vieja política y en las formas tradicionales de como se maneja el estado. A pesar de tener un gobierno comprometido y un ministerio dedicado a perseguir la corrupción y las malas prácticas nuestro país está aún muy lejos de alcanzar el desarrollo moral que caracteriza a ciertos pueblos. El gobierno de seguro tomó una decisión difícil con la licencia de Macarrulla y elegir entre proteger al aliado y amigo o ser coherente, del mismo modo el gobierno se ha visto en ciertos dilemas con otros casos, optando por anteponer la justicia ante los intereses de amistad, alianza política o partidaria. Sin embargo, esto aún es insuficiente, difícilmente veremos un funcionario por decisión propia y sin consulta del ejecutivo o un inminente sometimiento renunciar ante cuestionamientos de falta de ética, mucho menos veremos escándalos como el de la Primera ministro de Finlandia por usar 30 dólares de dinero del estado para un simple desayuno, tampoco veremos acciones como la que aquel parlamentario británico que pidió su renuncia luego de llegar tarde a una sección.
El problema de nuestro país es cultural mas que administrativo, es de la educación de la población ante que de las leyes o acciones del estado, nosotros hemos sido formados en una cultura que no enseña el valor de la honestidad y el servicio ni mucho menos nos lleva a sentirnos avergonzados de los malos actos. Las acciones del actual gobierno sin duda que ayudan a limpiar el estado de los actos de corrupción, pero sin un cambio de mente del ciudadano los esfuerzos del gobierno por crear una administración honesta quedarían sepultados en una próxima elección donde un gobierno diferente tome las riendas del país y decida seguir la vía tradicional de la política local. Tal cultura de honestidad ha llevado décadas sino siglos en formarse en los países donde se practica, son tradicionales basadas en principios éticos heredados de los ancestros que difícilmente se puedan implantar en corto espacio de tiempo en un sistema sujeto a cambios de gobiernos como lo es el democrático.